Lapidación, un “suplicio antiguo” que persiste en Irán

Cuando el Diccionario de la Lengua Española define lapidar como “matar a pedradas, género de suplicio usado antiguamente”, se olvida de Irán. Allí todavía persiste ese método de pena de muerte, preceptiva penalmente en caso de adulterio. Amnistía Internacional la considera “una práctica particularmente atroz” y, tras recordar su oposición a la pena capital “en cualquier circunstancia”, remarca que es un “método de ejecución diseñado específicamente para aumentar el sufrimiento de las víctimas”, abocadas a “un gran dolor y una muerte lenta”. Según la legislación de la República Islámica de Irán, “las piedras utilizadas no deben ser tan grandes como para matar a la persona de una o dos pedradas, ni tan pequeñas que no puedan calificarse de piedras”.

Acto organizado por AI Suiza el 3 de noviembre de 2010. © AI

Ni una moratoria judicial en 2002 ni una suspensión en 2008 han bastado para acabar con ese tipo de ejecuciones. Se sabe de siete personas lapidadas desde aquella primera fecha, y tal amenaza pende sobre una decena más. Incluida Sakineh Mohamaddi Ashtiani, cuyo caso deja en evidencia al sistema de justicia iraní y se ha convertido en un símbolo en la lucha contra la lapidación y contra toda pena de muerte. Una primera campaña de Actúa con Amnistía recogió entre julio y septiembre de 2010 más de 300.000 firmas para impedir su lapidación. Y después de que esta fuera suspendida para revisar el caso, ya van más de 100.000 en una segunda iniciativa para que se le anule la pena capital y “no sea ejecutada mediante ningún método”.
AI ha denunciado que el sistema de justicia iraní “adolece de muchos defectos y ha fallado a Sakineh Mohammadi Ashtiani desde el principio”. Detenida en 2005 tras el asesinato de su esposo Ebrahim Ghaderzadeh, fue condenada a 10 años de cárcel por “participación” en el crimen; según su abogado, el Tribunal Supremo sustituyó en 2009 ese veredicto por el de “complicidad” y rebajó la pena a cinco años. A raíz de las investigaciones, en 2006 fue condenada también a 99 latigazos por “relación ilícita” con dos hombres. Y meses después, acusada de adulterio, la pena fue de muerte por lapidación. Aunque dos de los cinco jueces del tribunal la declararon inocente por falta de pruebas concluyentes, la mayoría impuso la culpabilidad en base al “conocimiento del juez”, un principio legal que concede amplia discrecionalidad a los magistrados.

Fue en ese mismo 2006 cuando activistas iraníes de los derechos humanos, juristas y profesionales de la información, liderados por la abogada Shadi Sadr y la periodista Asieh Amini, lanzaron la campaña “Detengan las lapidaciones para siempre”. El 10 de octubre, la entonces secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, aprovecharía el Día Mundial contra la Pena de Muerte para respaldar la iniciativa e instar a las autoridades de Teherán a abolir ese tipo de ejecución.
AI, que rechaza la pena capital en todos los casos, recuerda que Irán es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y que la lapidación viola sus artículos 6, sobre el derecho a la vida, y 7, que prohíbe la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En un Informe publicado en 2008, Amnistía subraya que ese método de ejecución se emplea en Irán para castigar el adulterio, “que ni siquiera es delito en la mayoría de los países del mundo”, y aboga por “revisar la legislación que penaliza las relaciones sexuales entre adultos mantenidas de mutuo acuerdo y en privado, para garantizar que ninguna persona puede ser encarcelada, flagelada o ejecutada por mantener tales relaciones”.
A continuación veremos una entrevista con  Mohammad Mostafaei , abogado iraní, defensor de Sakineh Mahamaddi Ashtiani

La situación concreta de Ashtiani llegaría en 2009 a oídos de Amnistía Internacional, que lanzó una Acción Urgente en su defensa. Y su caso daría la vuelta al mundo en junio de 2010 cuando uno de sus abogados, el defensor de derechos humanos Mohammad Mostafaei, alertó de que.podría ser lapidada en cualquier momento. La ola de condenas y la masiva movilización ciberactivista llevó a la suspensión temporal de tal ejecución en septiembre, aunque el caso sigue envuelto de una enorme confusión. Antes y después se han sucedido tres “confesiones” televisadas de la condenada, que AI rechaza con rotundidad por entender que fueron hechas bajo coacción. También se ha hecho evidente el acoso e intimidación a activistas de la campaña “Detengan las lapidaciones para siempre”. Y la persecución gubernamental ha alcanzando incluso a su hijo Sajjad Ghaderzadeh y a su actual abogado Javid Houtan Kiyan –Mostafaei huyó del país por motivos de seguridad–, para impedir que contacten con activistas o prensa extranjera.

Javid Houtan Kiyan, actual abogado de Sakineh. (c) Particular

Estos vaivenes del ‘caso Sakineh’ revelan la falta de garantías del sistema de justicia iraní, cuyos “graves defectos” –advierte el Informe de 2008 de AI– “dan lugar con frecuencia a procesos injustos, también en casos de pena capital”. Amnistía señala déficits como la falta de acceso a asistencia letrada desde el principio; la dificultad de conseguir un abogado de libre elección; los malos tratos durante la detención preventiva; el empleo de confesiones obtenidas con coacción; la negación del derecho a testigos de descargo; la escasez de tiempo para que la defensa presente sus argumentos; e incluso el encarcelamiento de abogados si protestan.
La indefensión es aún mayor en casos de presunto adulterio, que pueden acabar en lapidación sin pruebas suficientes por el subjetivo “conocimiento del juez”. A ello se añade una ley de 1986 que permitió contratar a jueces con poca cualificación y experiencia, lo que hizo aumentar los de extracción religiosa tradicional. Y todo ese círculo negativo se cierra para las mujeres, que sufren, como constata AI, un “impacto desproporcionado” de la pena de muerte por lapidación.
Primero, porque no gozan de igualdad de trato ante la ley y los tribunales, donde el testimonio de un hombre equivale al de dos mujeres. Segundo, porque su mayor tasa de analfabetismo las hace más vulnerables para ‘confesar’ crímenes que no han cometido. Y tercero, porque no pueden trabajar sin permiso de su esposo y suelen ser más pobres, lo que les impide contratar un buen abogado. Por no hablar de su discriminación en temas de pareja –solo pueden tener una, frente a cuatro esposas permanentes e ilimitadas cónyuges temporales del hombre–, de matrimonio –a muchas se les impone un marido a edad temprana–, de divorcio –un derecho limitado en el caso femenino– o de simple comportamiento, sometido por el Estado a vigilancia, control y restricciones.