Una Pena herida de muerte: la pena de muerte

AI ha conseguido que la abolición de la pena capital sea ya un hecho en el 70% de los países del mundo.

Amnistía Internacional está ganando poco a poco la batalla contra la pena capital, que ya ha sido abolida legalmente o de hecho en el 70% de los países del mundo. Pero el 30% que se resiste a dar ese paso exige perseverar en la lucha contra esa lacra que, en palabras del Director General de Investigación y Programas Regionales de AI, Claudio Cordone, “atenta contra la dignidad humana y debería quedar sepultada en la historia del mismo modo que la esclavitud, el apartheid y otras cosas abominables”. Frente a las justificaciones de sus partidarios, ningún estudio ha podido demostrar jamás que tiene más poder disuasorio frente al crimen que otros castigos.

De los 139 países abolicionistas, 104 lo recogen en sus leyes (95 para todos los delitos y 9 solo para delitos comunes) y 35 lo asumen en la práctica. Otros 58, entre los que destacan negativamente China, Irán y Estados Unidos, mantienen la máxima pena en su legislación. En España está abolida desde 1995, cuando una Ley Orgánica la prohibió incluso en tiempo de guerra. Fue la culminación de una gran campaña de Amnistía Internacional que fue ‘escalando’ desde los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos hasta ‘convencer’ al Congreso y al Senado. Pero AI insiste en la necesidad de cerrar el resquicio constitucional del artículo 15, que la abolía “salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”, y aboga por eliminar esa mención o prohibir expresamente en la Carta Magna su aplicación.

El único español condenado a muerte en el mundo es Pablo Ibar, sentenciado en 2000 en Estados Unidos junto a otro hombre por el asesinato de tres personas durante un robo. Él sigue clamando su inocencia tras alegar una inadecuada defensa de su abogado de oficio, ver avaladas pericialmente las dudas sobre la principal prueba de cargo –una borrosa foto obtenida de una cinta de videovigilancia– y quedar claro que ninguna huella dactilar ni muestra de ADN recogida en el lugar del triple crimen es suya. Es otro caso que oscurece aún más las enormes sombras sobre la pena de muerte en Estados Unidos, donde más de 130 personas –incluido el español Joaquín José Martínez– han salido desde 1976 del ‘corredor de la muerte’ tras probarse su inocencia. Varias más han sido ejecutadas entre serias dudas sobre su culpabilidad.
El caso estadounidense, con más de 1.200 ejecuciones desde que se reanudaron en 1977 y más de 3.000 condenados en el corredor de la muerte, preocupa especialmente a Amnistía Internacional porque ese país reclama un liderazgo mundial en materia de derechos humanos. “¿Cómo puede hacerlo cuanto todavía comete homicidios judiciales?”, se pregunta la directora adjunta de Derecho Internacional y Política de la organización, Widney Brown, antes de remarcar que “la pena de muerte es cruel, degradante, ineficaz y totalmente incompatible con todo concepto de dignidad humana” y que “su uso en EE.UU. se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y los errores”.

De hecho, los informes sobre la pena capital en Estados Unidos sugieren que su ejecución es “una lotería” en cuyo desenlace juegan desde los recursos de la fiscalía hasta la representación letrada y la composición del jurado, pasando por las políticas electoralistas y la raza de la víctima y el condenado. Y lo dicen hasta los jueces. Cuando la Corte Suprema del Estado de Washington decidió en 2006 mantener la máxima pena por cinco votos a cuatro, los magistrados discrepantes alertaron de “la arbitrariedad con que se administra la pena de muerte”, que “es como un rayo, que cae al azar sobre unos acusados y no sobre otros”. Su advertencia quedaría avalada en 2010, cuando la primera ejecución en ese Estado en nueve años castigó al autor de un único crimen; en 2003, “el peor asesino en masa en la historia” de Washington se libró de ella a cambio de confesar sus 43 víctimas femeninas.
Pero Estados Unidos no es más que un símbolo inquietante en un escenario mundial donde en el último año todavía hubo más de 700 ejecuciones en 18 países y se dictaron penas de muerte en 56. Más de 17.000 personas (7.000 en Pakistán) tienen esa espada de Damocles sobre su cabeza. Pero se trata de estimaciones mínimas que se quedan cortas de la realidad. Faltan datos de “países ejecutores” como Egipto, Malasia, Sudán, Tailandia, Vietnam, Irán (que merece capítulo aparte por llevar a menores a la horca y por las lapidaciones) y, sobre todo, China, cuyo secretismo oficial no logra esconder que su número de ejecuciones supera a la suma del resto de países.

También Irak y Arabia Saudí figuran en la lista de países con más sentencias capitales materializadas. Y hay casos preocupantes como el de Japón, el segundo país superdesarrollado que junto a Estados Unidos mantiene y aplica la pena de muerte, apoyada por el 85% de la población y de la que ni siquiera se libran las personas con enfermedad mental. La llegada de una ministra de Justicia opuesta a la pena capital no ha bastado para evitar un par de ejecuciones en 2010, mientras el país asiático mantiene su dudoso récord mundial de tiempo en el corredor de la muerte, en el que un condenado lleva desde 1968.
Pero, más allá de algunos retrocesos, la esperanza de eliminar la pena de muerte en todo el mundo se acentúa cada año. Con cuatro tratados internacionales y tres moratorias reclamadas por la ONU como cimientos, bastantes países han ido poniendo nuevos ladrillos en esa construcción. Rusia al prorrogar su moratoria de ejecuciones. Mongolia al declarar la suya. Pakistán e India al mantenerla de hecho. Kenia al declarar inconstitucional la condena a muerte obligatoria  en caso de asesinato. Sudán al liberar a medio centenar de sentenciados a la pena capital en un acuerdo para resolver el conflicto de Darfur. E incluso China al reducir los delitos económicos penados con la muerte.
Ningún país puede ya hacer oídos sordos a la creciente presión internacional contra la pena de muerte, tanto desde el ámbito no gubernamental en el que destaca AI, como desde las Naciones Unidas, que ha aprobado tres resoluciones en 2007. 2008. y 2009 para exigir sendas “moratorias de las ejecuciones, con miras a abolir la pena capital”. La tendencia es imparable. Cuando nació la ONU en 1946, apenas ocho Estados habían abolido la pena máxima. Ahora, legalmente o en la práctica, ya son 139 de sus 192 miembros.
A continuación os proponemos cuatro videos de corta longitud en la que cuatro personas hablan sobre por qué se oponen a la pena de muerte.




Kumamoto Norimichi de japón, fue el presidente del tribunal que condenó a muerte a Iwao Hakamada en 1968.  Seis meses después dimitía de su cargo como juez por las dudas que tenía sobre aquella condena.








El coronel Oleg Alkaev, jefe de un pelotón de ejecución en Bielorrusia, entre los años 1996 y 2001,  habla sobre las condiciones de reclusión de los condenados a muerte en el único país europeo en el que todavía se contempla la pena de muerte.

Sam Millsap, ex fiscal de distrito de San Antonio, en Texas (EE.UU.) a mediados de los 80 y fiscal en el caso de Ruben Cantu, caso que le hizo cambiar su postura sobre la pena capital.

Y por último el Dr. Mohamed Tarawneh, Juez del Tribunal de Apelación de Ammán (Jordania), para el que la pena capital es un castigo cruel que no tiene un efecto disuasorio ni en el ámbito público ni en el privado.