Armados de razones. “Armas bajo Control”: La campaña del millón de firmas

Las rebeliones del Norte de África y Oriente Próximo confirman la urgencia de prohibir la venta de armas y municiones que puedan usarse contra civiles o para violar los derechos humanos.

Cuando por fin se vislumbra para 2012 un Tratado internacional sobre el Comercio de Armas, la realidad cotidiana de los conflictos a lo largo y ancho del mundo confirma lo pedregoso del camino. Basta recordar las recientes denuncias de Amnistía Internacional sobre el uso de bombas de racimo españolas por las tropas del dirigente libio Muamar Gadafi, que desvelan en toda su crudeza la peligrosa ‘herencia’ que deja cada venta de armamento, de material de defensa y ‘de doble uso’, de municiones. Un mercado que mueve al año 640 millones de armas y 12.000 millones de balas -dos por cada habitante del planera- y que alimenta la sangrienta estadística de mil muertos al día -casi uno por minuto- por armas de fuego.

Campaña Armas Bajo Control

Oficialmente, España estaba en primera fila de la lucha contra el citado tipo de artefactos al haberse adelantado, con una moratoria unilateral en julio de 2008, a la firma (diciembre de ese año) y la entrada en vigor (agosto de 2010) de la Convención que las prohíbe. En marzo de 2009 fue el primer país en destruir su propio arsenal de bombas de racimo, que se distinguen por una mortífera seña de identidad: dispersan en una amplia zona sus potentes municiones, cuya falta de precisión las hace aún más peligrosas para la población civil. España ya no las tiene ni las exporta, pero allí quedaron, en los arsenales del régimen libio. Y la única arma que no se utiliza es la que no se tiene.
Por eso Amnistía Internacional lleva años empeñada junto a otras organizaciones no gubernamentales en conseguir un Tratado sobre Comercio de Armas que impida su venta cuando exista riesgo de que sean usadas para violar los derechos humanos o las normas humanitarias internacionales. La campaña, bautizada como ‘Armas Bajo Control‘, reúne desde octubre de 2003 a AI, Oxfam y la Red de Acción Internacional contra las Armas Ligeras (IANSA en inglés), coalición que varía ligeramente en el caso español al integrar a Amnistía, Intermón Oxfam, Greenpeace y la Fundació per la Pau. Las tres primeras organizaciones habían protagonizado ya a principios de los años 90 una primera campaña, ‘Hay secretos que matan’, con el mismo objetivo, a la que siguió otra, ‘Adiós a las armas’, por el control de las armas ligeras.

Éxitos
Tanto en España como globalmente, ha sido una historia de éxitos que cada vez ‘acercan’ más la meta del Tratado. Y lo ha sido por el masivo respaldo recogido a la iniciativa, que ya en junio de 2006 llegó a las Naciones Unidas con más de un millón de firmas y rostros como carta de presentación. La ONU no podía desoír aquel clamor, y la Asamblea General apoyó en diciembre siguiente, con el voto favorable de 153 países y el único en contra de Estados Unidos, la elaboración de normas internacionales para controlar la importación, exportación y transferencia de armas convencionales.
Era un primer paso histórico al que seguirían otros, tanto en Europa (la UE prohibió en 2006 la transferencia de algunas armas “menos que letales” que pueden utilizarse para torturar, y en 2009 hizo vinculante su código de conducta sobre la exportación de armas), como en España, donde en 2007 se aprobó la Ley de Comercio de Armas. Para AI y las otras tres ONG de la campaña española, culminaba una década de lucha contra el oscurantismo absoluto imperante hasta 1996 y, tras una intensa presión sobre los grupos parlamentarios, se lograba mejorar el decepcionante primer proyecto gubernamental de 2006.
Al final, la norma prohibía las ventas a países en conflicto, que violen los derechos humanos o sometidos a embargos internacionales, aunque dejaba pendiente la asignatura de obligar al Gobierno a proporcionar información detallada sobre el tipo de producto exportado. Y por eso la campaña ‘Armas Bajo Control’ no ha dejado de sacar los colores a la Administración, como hizo en febrero de este 2011 al publicar un informe elaborado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) con los datos oficiales del primer semestre de 2010.

Un hombre sostiene una sección de la cola de los restos de una munición de racimo MAT-120 utilizada en Misratah, Libia.

Su conclusión de que las exportaciones españolas siguen llegando a ‘países preocupantes’ por violar los derechos humanos, albergar conflictos armados o haber riesgo de desvío a otros países, son un aldabonazo ante las protestas multitudinarias y los conflictos en Oriente Próximo y el Norte de África. Como remachó el director de AI-España , Esteban Beltrán, tal situación exige garantizar “que en ninguna circunstancia se van a facilitar más armas, municiones, materiales relacionados, piezas ni apoyo técnico, donde exista un riesgo importante de que puedan ser usadas para cometer o facilitar más violaciones graves de los derechos humanos”.
Impulso
Pero esos estallidos populares son a la vez un acicate para la campaña ‘Armas Bajo Control’. Como decía un portavoz de la coalición, Baffour Amoa (IANSA), al concluir en marzo la penúltima reunión preparatoria del Tratado sobre el Comercio de Armas, “los acontecimientos en Oriente Próximo y África del Norte han recordado a los Gobiernos que no pueden seguir funcionando como en los viejos tiempos, y que tienen la responsabilidad de garantizar que cualquier arma, munición o equipo no serán utilizados contra civiles inocentes. Las negociaciones en marcha asegurarán esto al prohibir las transferencias de armas convencionales si hay un riesgo serio de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra o actos terroristas”.
Amoa se mostraba optimista al recalcar que “esta semana los Gobiernos han dado un gran paso hacia el establecimiento de un Tratado sólido para regular el comercio internacional de armas. Pese a los importantes esfuerzos de algunos países para hacer descarrilar o debilitar el proceso, estamos empezando a verlo tomar forma”. Por eso insistía en la necesidad de mantener la presión sobre los Estados hasta la próxima ronda de negociaciones, en julio de 2011, “para asegurarse de que vengan dispuestos a aceptar disposiciones estrictas sobre la aplicación del Tratado”.
Si todo sigue su ritmo, la Conferencia para aprobarlo será en julio de 2012. Y su clave, el carácter inclusivo: debe cubrir todas las armas, sean para fuerzas militares o de seguridad, y todas las transferencias y transacciones, incluidas reexportaciones y reventas, préstamos, regalos o ayudas. El control debería extenderse a ámbitos como el entrenamiento, transporte, almacenamiento y financiación. Además, el Tratado debería ser viable –con garantías de transparencia y de cooperación internacional– y ejecutable, con su correspondiente mecanismo de seguimiento y su previsión de sanciones.