REFUGEES WELCOME TO CATALONIA: A PRACTICAL GUIDE

jueves, 28 de julio de 2011

Bienvenido a la Libertad

La excarcelación del preso de conciencia Bienvenido Samba Momesori, solo un paréntesis en las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial
Bienvenido Samba Momesori

Cuando fue excarcelado el 7 de junio de 2008 junto a otras 13 personas en Guinea Ecuatorial, el reverendo protestante Bienvenido Samba Momesori llevaba casi cinco años en prisión, sin cargos ni juicio. Como a muchos otros en su situación, Amnistía Internacional lo había adoptado como preso de conciencia y había multiplicado desde su detención, el 26 de octubre de 2003, las acciones y llamamientos para que se garantizara su seguridad y trato humano y para que se le liberara “de inmediato y sin condiciones a menos que vayan a acusarlo de un delito común claro y reconocible”.

Jamás hubo acusación formal, y el rigor jurídico y legal brilló por su ausencia, incluso en los detalles: los 14 presos de conciencia formaban parte de una lista de 37 personas indultadas por el general y presidente Teodoro Obiang Nguema en su 66º cumpleaños en la que figuraban al menos nueve personas ya liberadas en 2003 y 2006. Otra irregularidad denunciada por AI fue el confinamiento de todos los excarcelados en sus pueblos de origen -las autoridades penitenciarias les prohibieron salir de allí sin autorización-, cuando la mayoría ya residía en otros lugares desde años antes de su detención.
Lo que sí hubo fueron serias denuncias de torturas, que Amnistía reclamó que se investigaran a fondo para procesar a los responsables. AI recordó cómo los otros 13 presos de conciencia indultados junto a Samba, que pertenecían al partido político ilegal Frente Demócrata Republicano (FDR), habían sido “brutalmente torturados” tras su detención en marzo de 2002, sometidos a un “proceso gravemente injusto” en mayo-junio y condenados a 20 años de cárcel por intentar matar al presidente y derrocar al Gobierno. Uno de ellos, Felipe Ondo Obiang, ni siquiera tuvo el debido proceso y fue encarcelado en Evinayong “en condiciones que equivalen a tortura”, en régimen de aislamiento durante meses y con una pierna encadenada a la pared de la celda.

El caso de Bienvenido Samba es apenas un símbolo de la grave situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Y su liberación, un simple paréntesis en las severas violaciones de los mismos por el régimen de Obiang Nguema. El reverendo protestante había sido condenado a muerte en el conocido como “juicio contra los bubis“, celebrado en mayo de 1998 a raíz de la revuelta protagonizada el 21 de enero por numerosos jóvenes de esa etnia en la ciudad de Luba. Seis personas murieron en las protestas, a las que siguieron detenciones masivas (700 en la isla de Bioko), torturas en prisión y un juicio carente de garantías. Aunque el presidente conmutó la pena capital de Samba por cadena perpetua y en 2002 lo indultó y dejó en libertad, en 2003 volvió a ser encarcelado, esta vez sin cargo alguno.

Comisaría de Malabo. Noviembre de 2004 (c) Amnistía Internacional
Tras el nuevo indulto y liberación del reverendo protestante en junio de 2008, el Gobierno ecuatoguineano pareció dar muestras de una mejor disposición en materia de derechos humanos al aceptar la visita en noviembre del relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Amnistía Internacional no tuvo reparo en reconocer esas “novedades positivas” en su declaración pública para el período de sesiones 2010 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero sin dejar de alertar sobre la persistencia de graves preocupaciones, empezando por la negativa oficial a que el relator acudiera a centros de detención militares y a que realizara visitas de seguimiento a centros de Malabo y Bata.
De hecho, el informe del enviado de la ONU constató torturas sistemáticas en el país. Y aunque AI había visto disminuir las denuncias sobre su práctica tras aprobarse en 2006 la Ley sobre Prevención y Sanción de la Tortura, siguió recibiendo evidencias de palizas a delincuentes convictos, así como de malos tratos y castigos inhumanos a presos políticos: empleo de grilletes y esposas, privación de alimentos y asistencia médica, incomunicación prolongada… Esta incluso se generalizó durante dos años al suspenderse las visitas a las cárceles entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2009. Por otra parte, se han documentado varias muertes por tortura de personas bajo custodia y varias más por negación de tratamiento médico, sin que ello haya conducido -con la única excepción de una pena de siete meses a un policía- a investigaciones, procesamientos ni condenas.
Todo ello llevó a Amnistía Internacional a subrayar que, “tal y como concluyó el relator especial sobre la cuestión de la tortura, en Guinea Ecuatorial reina la impunidad”. Una constatación que se suma a otras igualmente inquietantes para los derechos humanos, como la reclusión junto a presos adultos de menores por debajo de la edad penal ecuatoguineana de 16 años -en clara violación de la Convención sobre los Derechos del Niño-, o como el mantenimiento de la pena capital para casos de asesinato, que en agosto pasado dio lugar a cuatro auténticas “ejecuciones sumarias”.
Así calificó Amnistía Internacional la aplicación de sendas penas de muerte a cuatro opositores solo una hora después de que un tribunal militar dictara sentencia, lo que les impidió recurrir a un tribunal superior o solicitar clemencia. Ni siquiera pudieron despedirse de sus familias, que tampoco recibieron los cadáveres, enterrados a medianoche en una fosa común en el cementerio de Malabo. Este comportamiento inhumano de las autoridades ponía un broche doblemente trágico a un caso plagado de violaciones de derechos humanos, ya que los cuatro ejecutados habían sido secuestrados en Benín, donde vivían como refugiados; permanecieron recluidos en secreto y con grilletes hasta el juicio; fueron torturados y privados de atención médica; y fueron interrogados solo por las fuerzas de seguridad y no por un juez, hasta verse obligados a “confesar” un supuesto asalto al palacio presidencial que, según declararon en la vista, apenas buscaba “robar dinero”.