Crónica de una sentencia histórica: los “falsos positivos” son crímenes de lesa humanidad

En agosto del 2011 os hablé de las Madres de Soacha, en abril del 2012 actualicé la información con otra entrada en este blog. 

Las Madres de Soacha son aquellas madres colombianas que vienen reclamando justicia para sus hijos, asesinados por soldados colombianos y presentados como bajas en combate desde hace más de cinco años.

Pues bien, a continuación os copio la noticia publicada por Periodismo Humano, el único medio de información que se encontraba presente en una sala de justicia prácticamente vacía para escuchar la primera condena para los cinco responsables de una de aquellas ejecuciones extrajudiciales.

Un juez recita durante más de tres horas una sentencia. Hace un receso para tomar aire, él, las mujeres que escuchan en frente con rostro compungido, los acusados que resoplan, sonríen entre ellos y fruncen el ceño a ratos, los abogados de ambos bandos y el fiscal. Una amplia y vacía sala revestada de madera del Tribunal Superior de Bogotá acoge una sentencia histórica que nadie espera.

Se retoma la lectura y en frente, sentadas en un banco, escuchan cuatro madres de jóvenes civiles ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército colombiano con el fin de presentarlos como bajas en combates contra la guerrilla y obtener así beneficios económicos así como días libres o ascensos. Los llamados ‘falsos positivos’. Y las cuatro mujeres son algunas de las reconocidas internacionalmente como Madres de Soacha, una localidad cercana a Bogotá donde en 2007 fueron capturados al menos once jóvenes pobres para ser trasladados a más de 600 kilómetros, a Santander y Norte de Santander, territorio con presencia de la guerrilla de las FARC, donde fueron asesinados. Sin embargo, hoy son sólo acompañadas por algunos miembros de organizaciones como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que lleva la defensa, o el Corporación Centro de Atención Psicosocial, que atiende a las madres. Mientras, el juez relata cómo las investigaciones han demostrado que el muchacho Fair Leonardo Porras estaba desarmado cuando fue asesinado por los cinco soldados, un crimen que, especifica, tiene el agravante de haber sido realizado con ánimo de lucro, hecho que, ajustándose a la legislación, califica de “abyectos, que provocan repugnancia”.

El juez continúa con los resultados de más de un año de investigación judicial sobre una más de las barbaries que la guerra en Colombia ha generado. A gran velocidad va leyendo un atestado que será analizado en los próximos días con detalle internacionalmente. Uno de los soldados, visiblemente ansioso, cada vez más sonrojado, resopla y mira constantemente hacia los cuatro soldados que de uniforme les observan desde el público. Los únicos que ocupan el lado de la sala de los acusados. A ratos, los acusados se miran entre sí de reojo y sonríen nerviosamente. Es la segunda vez que se encuentran en el banquillo de acusados, fruto de que la anterior condena por homicidio y desaparición forzosa fue recurrida por la fiscalía y la defensa. El comandante jefe, el máximo responsable de los delitos cometidos por este batallón, está prófugo. “Responsables de desaparición forzosa”, corrobora de nuevo hoy el juez. Y una de las abogadas de la defensa de los soldados busca con una mirada desafiante a las madres. El abogado jefe, vestido de traje de chaqueta de civil pero de riguroso verde militar, incluidos los calcetines, y que ha permanecido durante toda la lectura en la zona dedicada a los espectadores, se vuelve para enviar sin riesgo de miradas curiosas un mensaje desde su móvil. Pertenecen al equipo de Defensa Militar (DEMIL), una fundación jurídica privada pero que cuya junta directiva está conformada por generales activos del Ejército y que utiliza sus helicópteros para transportarse. El informe del Comisionado para las Naciones Unidas de 2010 asegurara que “Demil antepone intereses institucionales de las Fuerzas Militares sobre los derechos de los procesados (…) Así se obstaculiza que los acusados se acojan a sentencia anticipada o realicen declaraciones individuales sobre los niveles de participación en los hechos que pueden haber tenido otros miembros del Ejército”.

Ocho meses tardó en lograr identificar a su hijo Luz Mariana, uno de los rostros más visibles y activos de la lucha de las Madres de Soacha. Fair Leonardo Porras, el joven en el que se basa esta sentencia, tenía 26 años cuando lo asesinaron, pero su discapacidad lo mantenía en el desarrollo de un niño de 9 años, nos recuerda su madre.

“Todos hicieron uso de su arma de fuero aquella noche (…) Aunque no existe certeza de qué disparos ni de cuáles de los acusados participaron en el deceso del Fair Leonardo Rojas (…)”. El juez subraya que todas las acciones de los acusados fueron partícipes del delito y “fueron realizadas con pleno conocimiento” de su finalidad. Y es entonces cuando aborda el punto más esperado, la acusación de la fiscalía por delitos de lesa humanidad. Y para ello, define cada uno de los elementos que tienen que comportar y los va argumentando: Es sistemático porque “al menos once jóvenes humildes fueron desaparecidos en una fecha cercana a la desparición de Fair Leonardo” y “se realizaron de manera exclusiva contra la población civil (…) Hay evidencia de que sí existió un móvil discriminatorio en relación a la condición humilde de los jóvenes de Soacha, marginados y privados de recursos económicos, situación que conllevaría que la denuncia no repercutiera de manera inmediata, tal y como afirmó la señora doña Luz Marina Bernal (…) quien acudió en tres ocasiones a la fiscalía de Soacha sin resultados favorables, los cuales sólo se dieron cuando se dio la identificación del joven y los hechos fueron denunciados públicamente”.

El abogado-jefe se levanta, saca las llaves del bolsillo y juega con ellas haciéndolas sonar, se vuelve a sentar. Son fórmulas intimidatorias conocidas por los abogados que han coincidido con él en otras causas y que utilizó esa misma mañana en la audiencia de otro caso vinculados con los falsos positivos de Soacha. Frente a él y sin levantar la cabeza, el juez sentencia: “En virtud de ello, convergen los presupuestos señalados en las normas internacionales para que se hable de delitos como de lesa humanidad”.

Un par de asistentes aplauden tímidamente y el policía de la sala les ordena silencio. El abogado-jefe abre la puerta de madera que separa a los miembros del tribunal de la sala y se sienta en la bancada de la defensa. El juez lee las condenas: entre 52 y 54 años de cárcel y 3.500 salarios mínimos de multa. Los acusados se sonríen nerviosos entre sí, el abogado-jefe interrumpe al juez para comunicar que interpondrá inmediatamente el recurso de casación. Las madres apenas se atreven a mostrar su alegría, salen de la sala, se abrazan. Alegría y tristeza contenidas.

Una de las presentes es la abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Gloria Silva, apoderada de las familias de las víctimas ante la acusación de la fiscalía. “Hoy se ha proferido un fallo histórico. Realmente de todos los años que llevamos en representación de víctimas, hoy hemos logrado por fin un fallo en el que se recojan los intereses de las víctimas que siempre han estado en desventaja total frente al Estado (…) Dentro del gobierno de Álvaro Uribe, se profirieron directrices que trazaron políticas muy claras a mandos del Ejército nacional que generaron el aumento desmedido de ejecuciones extrajudiciales para presentar una victoria supuesta del Ejército sobre las guerrillas o paramilitares. Victoria que eran cimentadas en unas cifras que no eran más que campesinos, jóvenes, humildes, líderes sociales, presentados como falsos positivos”.La abogada de la acusación, Gloria Silva (A. Z.)Otra de las presentes es “Uvita”, una mujer enjuta y afectuosa a la que también le arrebataron a su hijo de 16 años, y cuyo juicio aún ni siquiera se ha iniciado. Ha vivido con angustia la audiencia y ahora sólo piensa en cómo esta sentencia puede romper el cerco de la impunidad. “Nuestra idea es que si hay justicia en nuestros casos, puede haberla para las miles de extradiciones extrajudiciales que han habido, de los cuales sólo unos cuantos están documentados. Y nuestra esperanza es llegar a los responsables que no están a aquí, el expresidente Álvaro Uribe y el actual, Juan Manuel Santos”.Arropada por las otras madres y miembros del Comité y del CAPS, se encuentra Luz Marina, la madre de Fray Fernando, que tras más de 5 años de lucha, amenazas y dolor, hoy tiene “el corazón grande de ver que estos militares que las primeras condenas fueron de 35 años y ahora de 53 años.El abogado-jefe de la defensa, en medio de la escena, tras la lectura de la sentencia (A. Z.)