Amnistía Internacional denuncia a través del siguiente artículo las diez formas que utilizan los gobiernos de todo el mundo para reprimir a los periodistas.
Diez formas de reprimir a periodistas
En todo el mundo, los gobiernos y otras organizaciones perfeccionan
técnicas para impedir que los periodistas arrojen luz sobre la
corrupción y los abusos contra los derechos humanos. Desde la
presentación de cargos falsos hasta el asesinato, pasando por la
retirada de la licencia para ejercer su profesión, he aquí 10 formas de
reprimir a los periodistas e impedirles informar libre y cabalmente.
Josefina Salomón
- Periodista de Amnistía Internacional en Londres
Una periodista reclama libertad y seguridad para la prensa en México © Ivan Duff Cuevas Hernandez/Demotix
Agresiones físicas
En algunos países, como Siria, Turkmenistán y Somalia, los gobiernos,
las fuerzas militares y los grupos armados atacan e incluso matan a los
periodistas a los que consideran críticos con sus políticas y sus
prácticas.
A finales de noviembre, el cámara Hussam Salameh y el periodista Mahmoud al-Koumi, ambos
palestinos, que trabajaban para la cadena Al-Aqsa TV, afín a Hamás,
murieron al ser atacado el vehículo en el que viajaban por un misil
israelí en la ciudad de Gaza. Amnistía Internacional no
encontró indicio alguno de que ninguno de los dos fuera más que un
periodista civil, a pesar de que las autoridades militares de Israel
afirmaron que eran “operativos de Hamás”.
En mayo de 2012, el joven de 18 años Abd al-Ghani Ka'ake, ciudadano de a pie que actuaba como periodista, fue abatido por un francotirador del gobierno en Siria mientras filmaba una manifestación en Alepo. También los grupos armados de oposición han atacado y matado a periodistas.
Unos hombres armados no identificados mataron a tiros al periodista
Miguel Ángel López Velasco, su esposa y su hijo en su domicilio de
Veracruz, México, en junio de 2011. El periodista había recibido
amenazas de muerte.
Abdihared Osman Aden, de
Somalia, murió por los disparos de unos hombres no identificados cuando
se dirigía andando a su trabajo el 19 de enero de 2013. Al menos 23
periodistas han sido asesinados en Somalia desde 2011.
Amenaza de cárcel
Los periodistas también se arriesgan a que los acusen en virtud de
leyes que penalizan la expresión pacífica de opiniones, o a que se
presenten contra ellos cargos falsos de motivación política (como
posesión de drogas y fraude) para que dejen de informar.
El 12 de marzo de 2013, Avaz Zeynali, periodista de Azerbaiyán que informaba con frecuencia sobre casos de corrupción y criticaba la represión del presidente del país contra medios de comunicación y activistas, fue
declarado culpable de soborno, extorsión por amenazas, desacato de la
decisión de un tribunal y evasión de impuestos, y condenado a nueve años
de cárcel.
En Irán, al menos 18 periodistas han sido detenidos
desde enero de 2013, acusados de cooperar con medios de comunicación
“antirrevolucionarios” de fuera del país. En Irán hay decenas de
periodistas y blogueros encarcelados.
El 5 de febrero de 2013, Abdiaziz Abdnur Ibrahim fue condenado a un año
de cárcel en Mogadiscio, Somalia, por insultar a una institución
nacional tras entrevistar a una mujer que denunció haber sido violada
por fuerzas del gobierno. El Tribunal Supremo sobreseyó el caso en
marzo.
En enero de 2012, los
periodistas Reyot Alemu y Woubshet Taye fueron declarados culpables de
delitos de terrorismo en Etiopía. Durante el juicio se restringió su
acceso a los abogados, no contaron con un servicio de interpretación
eficaz y se admitieron pruebas conseguidas bajo coacción.
Hostigamiento
Muchos gobiernos consideran que amenazar a los periodistas o a sus familiares es una forma eficaz de silenciarlos.
En Irán, los familiares de la periodista de Voice of America Negar Mohammadi tienen prohibido viajar, y a uno de ellos le fue confiscado el pasaporte en febrero de 2012.
Un activista hace fotos del humo procedente de Juret al-Shayah, en Homs, julio 2012 © REUTERS/Shaam News Network/Handout
En Yemen, Abdul Karim al-Khaiwani está amenazado desde
principios de 2013, tras escribir artículos sobre centros de detención
secretos y torturas a manos de la Primera División Acorazada. En dos
ocasiones han disparado armas en el exterior de su domicilio y ha
recibido llamadas anónimas preguntándole si oía los disparos.
Musa Mohammad Auwal fue detenido por los Servicios de Seguridad del
Estado en su domicilio de Kaduna (Nigeria) en febrero pasado, y durante
ocho días estuvo recluido y fue interrogado sobre el medio de
comunicación para el que trabaja y el paradero de su redactor jefe (que
en la actualidad se esconde por temor a perder la vida). El periodista
quedó en libertad bajo fianza.
Vigilancia
En algunos países, como Cuba y China, para los activistas y periodistas
resulta especialmente difícil informar sobre asuntos de derechos
humanos porque sus comunicaciones pueden ser controladas por
funcionarios del Estado.
En marzo de 2012, la bloguera y periodista cubana Yoani Sánchez no pudo recibir SMS ni llamadas telefónicas durante la visita del papa a Cuba.
En China, muchas personas fueron condenadas a largas penas de cárcel en
2012 por publicar blogs o enviar información considerada de carácter
confidencial.
Según los informes,
en marzo de 2013 las autoridades de Arabia Saudí amenazaron con bloquear
el acceso a Skype, WhatsApp, Viber y Line si estas compañías de
telecomunicaciones no permitían el control de sus aplicaciones
encriptadas.
Prohibición del acceso a Internet
Algunos regímenes represivos tratan de controlar el acceso a Internet para regular las actividades de los periodistas.
Las autoridades de China bloquearon temporalmente el acceso a las
páginas web del New York Times y Bloomberg y prohibieron las búsquedas
de ‘New York Times’ después de que estos medios sacaran a la luz
detalles financieros polémicos de algunos dirigentes chinos.
Leyes contra la difamación abusivas
Manifestantes turcos con fotos del periodista Hrant Dink,
muerto en una protesta en Estambul, Turquía, en enero de 2007 ©
APGraphicsBank
Hay países donde las leyes contra la difamación se
utilizan indebidamente para intentar impedir que los periodistas
critiquen a las autoridades y a los poderosos.
En Timor Oriental, Oscar Maria Salsinha y Raimundo Oki fueron acusados
de “denuncias difamatorias” tras publicar artículos sobre un fiscal de
distrito que presuntamente había aceptado un soborno en un caso de
accidente de tráfico ocurrido el 18 de octubre de 2011.
En agosto de 2012 comenzó el juicio de Islam Affifi, director del
periódico egipcio El-Dostor, por publicar información falsa que
“insultaba al presidente” de Egipto. El juicio aún continúa.
Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania y los
servicios de Seguridad Interna de Hamás en la Franja de Gaza tienen un
historial de interrogatorio y hostigamiento de periodistas. En marzo de
2013, el palestino Mamdouh Hamamreh fue condenado a un año de cárcel por presuntos insultos al presidente Mahmoud Abbas. Quedó en libertad tras ser indultado por el presidente.
Retirada de visados y licencias
En algunos países, como Siria, los gobiernos niegan o retiran los
visados a los periodistas extranjeros –o cancelan las licencias para
ejercer a los nacionales– para que dejen de investigar abusos contra los
derechos humanos.
En 2011, Siria
retiró la licencia a Ayad Shabi por no seguir las directrices del
Ministerio de Información para informar sobre las protestas.
Andrzej Poczobut cumple una condena condicional de tres años de cárcel
en Bielorrusia, impuesta en julio de 2011, por “difamar al presidente”
en sus artículos sobre los presos de conciencia en este país. La
sentencia dispone que el periodista debe presentarse regularmente ante
la policía y no puede salir de Bielorrusia.
El pasado agosto,
un periodista de la BBC que había viajado a Gambia para informar sobre
la reanudación de las ejecuciones fue retenido en el aeropuerto y le
dijeron que tenía que abandonar el país, a pesar de tener autorización de entrada.
En mayo de 2012, la cadena Al Jazeera en inglés cerró su oficina de
Pekín (China) tras negarse las autoridades a renovar el visado de
Melissa Chan, que informaba sobre cárceles secretas y abortos forzados.
Ataques que no se investigan
Al no poner en manos de la justicia a los responsables de ataques
contra periodistas, los gobiernos transmiten el mensaje de que está
permitido impedir que se informe sobre lo que consideran temas
delicados.
Una
de las personas acusadas de torturar a la periodista Nazeeha Saeed
después de que ésta fuera detenida en Bahréin en 2011 quedó absuelta,
a pesar de las pruebas periciales de tortura. Nazeeha fue detenida y
torturada tras denunciar el homicidio de un manifestante del que ella
había sido testigo en la glorieta de la Perla.
En abril de 2012, Idrak Abbasov y Adalet Abbasov fueron hospitalizados
en Azerbaiyán tras ser atacados por unos 25 funcionarios estatales y
agentes de policía. Los periodistas habían tratado de filmar
demoliciones ilegales de viviendas en las afueras de Bakú. El ataque
nunca se investigó a fondo.
Nadie ha comparecido ante la justicia en Pakistán por el secuestro y el homicidio de Saleem Shahzad
en mayo de 2011. Dos días antes de su muerte, Shahzad publicó un
artículo sobre una presunta infiltración de Al Qaeda en el ejército, uno
de los temas más delicados y tabú del país.
Cierre de medios
En muchos países las autoridades cierran periódicos y emisoras de radio que consideran críticos.
En los primeros dos meses de 2012, las autoridades de Sudán suspendieron la publicación de tres periódicos en virtud de leyes que les permiten prohibir cualquier publicación que contenga información que amenace la seguridad nacional.
En septiembre pasado, los periódicos de Gambia The Standard y Daily
News se vieron obligados a cerrar cuando unos hombres vestidos de civil
–se sospecha que agentes de inteligencia– irrumpieron en sus oficinas y
ordenaron la suspensión de todas las actividades.
En Somalia, en abril de 2013 las autoridades de Puntland prohibieron
tres emisoras de radio en lo que se considera el último de una serie de
ataques contra los medios de comunicación ante las elecciones.
Fomento de campañas de difamación
En muchos países, los gobiernos fomentan campañas de difamación contra periodistas que critican a las autoridades.
En Sri Lanka, una campaña de difamación autorizada por el Estado obligó
a Gnanasiri Kottegoda a exiliarse en 2012, ya que estaba en juego su
seguridad.
La periodista venezolana Rayma Suprani recibe amenazas e insultos a través de SMS y de mensajes en las redes sociales. La periodista cree que se trata de un ataque coordinado a causa de su trabajo como caricaturista política y periodista.
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