Amnistía Internacional nos ilustra cómo, con el apoyo de miles de seguidores de personas de todo el mundo a las protestas indígenas Dongria en la India, un
doble proyecto empresarial (de extracción minera y ampliación de una
refinería de aluminio), cuyo grave impacto ambiental y humano les amenazaba se pudo parar por decisión gubernamental, respaldada judicialmente por el Tribunal Superior de Orissa.
Los gobiernos son responsables de proteger los derechos humanos, pero también lo son las empresas. Y por tanto, como subraya Amnistía Internacional, también ellas deben rendir cuentas de sus actividades y de su impacto sobre la ciudadanía. Esa precisión, avalada por especialistas como John Ruggie, representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, viene a cuento de una de las historias de éxito que han jalonado los 50 años de AI. Su escenario, el Estado indio de Orissa, y en concreto las colinas de Niyamgiri y su entorno, donde viven la comunidad indígena Dongria Kondh, integrada por 9.000 personas y amenazada de extinción.
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lunes, 3 de septiembre de 2012
La responsabilidad de las empresas en la protección de los derechos humanos
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